En una gran cantidad de contratos de arrendamiento de formulario existen cláusulas de embellecimiento al final del contrato que son inválidas. ¿Qué consecuencias jurídicas están vinculadas a ello si un inquilino, sin conocer la invalidez de la cláusula, al finalizar el contrato realiza o hace realizar reparaciones estéticas?
Zunächst sei noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass es der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entspricht, dass ein Verwender Allgemeiner Geschäftsbedingungen durch die Verwendung unwirksamer Klauseln seine vorvertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber seinem Vertragspartner verletzt und sich bei Verschulden diesem gegenüber schadensersatzpflichtig machen kann, wenn der Vertragspartner in Unkenntnis der Unwirksamkeit der Klausel Aufwendungen tätgit (vgl. BGH 8. Zivilsenat, Urteil vom 27.05.2009, Az. : VIII ZR 302/07 mwN.)
Un arrendador debería plantearse seriamente si quiere dejar que a un inquilino ya no le sorprenda la invalidez de la cláusula de embellecimiento final. En tal caso, las reparaciones estéticas realizadas por el inquilino habrían sido efectuadas sobre la base de una cláusula de embellecimiento final inválida y, por tanto, sin fundamento jurídico. Esto implicaría que el arrendador tendría que indemnizar por enriquecimiento conforme al § 818 Abs. 2 BGB, ya que la prestación realizada por el inquilino sin fundamento jurídico no puede entregarse en especie. En el caso de prestaciones de servicios o de obras realizadas sin fundamento, el valor del enriquecimiento a entregar se determina, en principio, por el valor de la remuneración habitual, o subsidiariamente, por la remuneración adecuada. Cabe tener en cuenta que los inquilinos suelen realizar las reparaciones estéticas mayoritariamente por su cuenta o hacerse ayudar por familiares y conocidos. En tal caso, el valor de las obras ejecutadas suele calcularse normalmente solo por lo que el inquilino, además de dedicar tiempo libre, haya gastado en el material necesario y como remuneración por la labor de sus ayudantes de la familia o de conocidos.
Nach überwiegender Auffassung unterliegen die bereicherungsrechtlichen Ansprüche des Mieters der gesetzlichen Regelverjährungsfrist von 3 Jahren. Hier warten also noch für viele Vermieter böse Überraschungen, wenn sie mit Ansprüchen von Mietern konfrontiert werden, die schon vor längerer Zeit ausgezogen waren.